Los días 20 y 21 del pasado mes de noviembre se reunían en Luxemburgo los quince jefes de Gobierno de los Estados miembros de la Union Europea en una conferencia, llamada «Cumbre extraordinaria sobre el empleo», que tenía como objetivo la búsqueda de fórmulas para combatir el gran problema del desempleo. En la Comunidad Europea son 18 millones los parados, algo más del diez por ciento de la población laboral. Nuestro país, con casi el 20 por ciento, es en esta materia una especie de enfermo -o apestado- de Europa. En el conjunto de la CEE el paro juvenil alcanza casi el 21 por ciento de los jóvenes en edad de trabajar; en España es más del 36 por ciento.
Por supuesto, esta problemática laboral de Europa Occidental no es un caso aislado en el mundo actual de la economía global. En los países de Europa Oriental el capitalismo victorioso parece que no tiene otra forma de manifestarse que generando millones de parados, y la situación es especialmente angustiosa en los países del ancho «Tercer Mundo», inagotable generador de emigrantes desesperados. La lacra del desempleo masivo se manifiesta incluso en las grandes potencias económicas como Japón o los Estados Unidos. En este último país había ya dos millones y medio de parados a finales de la década de los ochenta, y seis años más tarde se había casi duplicado esa cifra.
Pero como trasfondo de la reducción de empleo está también el hecho bien visible del deterioro de la situación económica y social incluso de los asalariados que conservan su puesto de trabajo. Las empresas, al mismo tiempo que reducen su personal aumentan sus beneficios. Empresas que reducen su fuerza laboral en un 20 ó un 30 por ciento, pueden sin embargo seguir abasteciendo a sus clientes. Y ello no suele ser debido a un aumento de la productividad ni a la aplicación de tecnologías más potentes de producción. Conviene explicar que una parte considerable de las reducciones de personal no son más que una estrategia empresarial para reducir los salarios de una forma indirecta y encubierta. Es decir, por una puerta se despiden trabajadores antiguos y caros, a la vez que por otra se contratan trabajadores nuevos según modalidades de subcontratación que posibilitan salarios más bajos, precariedad en el empleo y carencia de derechos sociales. En las fábricas de nuestra empresa tenemos claros ejemplos de esto. La reducción de la fuerza laboral sin debilitar la fuente productiva permite a las empresas un aumento de beneficios basado en la reducción de los salarios reales. Con trabajadores temporales, las empresas consiguen unos costes más bajos y una mayor flexibilidad en su utilización. Los trabajadores eventuales perciben salarios más bajos, menos incentivos, y experimentan un riesgo y una inseguridad económica mucho mayores. Últimamente se empieza a aplicar otra fórmula, que en EE.UU. no es tan nueva, consistente en ofrecer a trabajadores previamente despedidos contratos como trabajadores autónomos que cambian la naturaleza de la relación de los trabajadores con la empresa, es decir, desaparece la condición de asalariados con derechos sociales y sindicales para convertirse en clientes proveedores sin garantías de continuidad y seguridad. En todo caso, son pocos los trabajadores despedidos que consiguen un nuevo empleo, y menos en España, y los que lo consiguen lo hacen con una considerable reducción en sus ingresos.
Dentro del deterioro general del nivel de vida del proletariado se están dando grados más extremos de desamparo. En las economías industriales más avanzadas está proliferando lo que Marx describía como un proletariado lumpen, es decir un subproletariado cuyo potencial de productividad es tan bajo que no resulta interesante para la economía privada.
Su exclusión del mercado laboral no les permite acceder a un nivel salarial capaz de asegurar-les una forma de vida normal. Constituyen el grupo creciente de los «sin hogar», y se les puede ver en cualquier ciudad de Europa durmiendo en las calles. Son varios centenares de miles en cada país, varios millones en toda la Comunidad Europea, que se hallan en la edad ideal para formar parte de la fuerza laboral y algunos de ellos incluso pertenecieron a ella en el pasado, que no están estudiando y no tienen edad suficiente para estar jubilados. Se trata de un desmembramiento social a gran escala; es el resultado de que en el estado actual del capitalismo la economía no necesita, no quiere o no sabe cómo emplear a una enorme masa de ciudadanos.
En principio fue esta situación la causa motora de la mencionada cumbre europea sobre el empleo. ¿Qué podemos decir de los resultados alcanzados en esa conferencia? Si alguien creía en la capacidad de las instituciones de la CEE y en la buena voluntad de los gobernantes de los Estados miembros para generar empleo, debería de haberse llevado un buen chasco. Los dos días de debate entre los quince jefes de Gobierno se saldaron con declaraciones de buenas intenciones sin ningún tipo de acuerdo de aplicación práctica concreta, como las del presidente del Parlamento europeo, el español José María Gil Robles, cuando apuntó la conveniencia de que el Consejo adopte un sistema de vigilancia multilateral que no será perfecto de entrada, pero que permitirá ir mejorando paulatinamente la cooperación en políticas laborales, o esta otra joya de imprecisión que constituye la fórmula final aprobada, y que dice que La Unión comenzará ya en 1998 a plantearse actuaciones concretas para promover el empleo, de acuerdo con una serie de planes nacionales que serán elaborados a la luz de unas directrices generales emanadas del Consejo Europeo, a propuesta de la Comisión. Los parados y los «sin hogar» que no sean capaces de alimentarse con palabras van a pasar mucha hambre. Porque resulta que según la doctrina política -liberal- que profesa la gran mayoría de esos gobernantes, los gobiernos no crean empleo, ni pueden ni deben intervenir en la economía. Por ello no es extraño que la única propuesta formulada en la conferencia fuese la asignación de ayudas a la formación de desempleados de larga duración y a los jóvenes, financiadas con cargo a los fondos estructurales. Sin restarle importancia al tema de la formación de los desempleados, hemos de convenir no obstante, que una gran parte de ellos se ven apremiados ahora por necesidades más urgentes.
Pues bien, incluso esta propuesta modesta y descomprometida fue expresamente rechazada por José María Aznar, el jefe de Gobiemo del país que tiene la tasa más alta de parados de toda la Comunidad Europea. En una Europa neoliberal estos señores del Partido Popular representan el grado más antisocial del liberalismo; ese partido es el referente español del tacherismo que ya ha sido aparcado en el país en el que nació. Los líderes sindicales Cándido Méndez, de UGT, y Antonio Gutiérrez, de CC.OO., con toda razón denunciaron la actitud del Gobierno español por su falta de compromiso en la lucha contra el paro. Lo que ese par de cándidos parece olvidar es que ellos, con los acuerdos que firmaron hace pocos meses con la patronal y con la bendición de ese Gobierno de Aznar, le dieron a éste un apoyo sindical con un claro valor político que avala la actuación que está teniendo el jefe de Gobierno. Por si no estaba suficientemente claro, Aznar acaba de demostrar que le interesa más alcanzar objetivos como la moneda única y la reducción de la inflación que acabar con el paro.
Ese es el estilo y la naturaleza económica y antisocial de la Europa que se está intentando construir.